Total y Vintage, primeras empresas en llegar a un acuerdo por gas en Bolivia

La petrolera francesa Total y la estadounidense Vintage se han convertido este viernes en las primeras empresas en firmar un acuerdo con el gobierno boliviano para la explotación del gas ciñéndose a un decreto de nacionalización, mientras que las restantes compañías -incluyendo a la brasileña Petrobras y la española Repsol- podrían hacerlo este sábado. Los convenios fueron suscritos en presencia del presidente boliviano Evo Morales y parte de su equipo de ministros en una ceremonia en el Palacio de Comunicaciones de La Paz, que comenzó con una hora de retraso. Un asesor de la estatal YPFB había dicho momentos antes de la ceremonia que la empresa británica British Gas iba a firmar el contrato, pero luego se aclaró que recién podría hacerlo el sábado en el límite del plazo para la adecuación de contratos.

Total continuará operaciones en el campo Itaú "donde aseguramos el desarrollo de la producción de 728 millones de dólares, participación del Estado del 82% y una participación de YPFB a lo largo de la duración del contrato de 740 millones de dólares", ha dicho el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.

La empresa francesa se compromete también a realizar labores de exploración en dos campos con una inversión de 1.154 millones de dólares. "El país tendrá una participación del 82% en su renta petrolera y YPFB, a lo largo de los años del contrato, obtendrá un monto global de 2.400 millones de dólares", especifica Villegas. La estadounidense Vintage "continuará operando en los campos de gas en Naranjillo, en Porvenir y el Chaco sur", añade. "Hoy se marca otro hito importante en su gobierno", apuntaba el titular de YPFB, Juan Carlos Ortiz, al momento de firmar los documentos con los representantes de Total y Vintage en presencia del presidente Morales. Con los primeros contratos suscritos "Bolivia nuevamente retoma el control del proceso de la comercialización" del gas, señala. A partir de la fecha YPFB controla y define volúmenes y precios del gas, resalta. En la tarde, Ortiz había señalado que "no hay conflicto con ninguna de las empresas" con las que el gobierno negocia la adecuación a nuevos contratos. El funcionario estima que en las negociaciones, que se aceleraron en los últimos días, ha prevalecido "un espíritu constructivo". Las últimas discusiones antes de suscribir los convenios -que en la gran mayoría de los casos continuarán hoy sábado- se llevan a cabo en un clima de absoluto hermetismo, aunque en las últimas horas personalidades cercanas a la negociación han expresado optimismo. "Vamos por buen camino", anticipó el jueves el vicepresidente Alvaro García Linera. El mismo García recordó a comienzos de la semana que aquellas compañías que no se adecúen a la nacionalización decretada por Morales el 1 de mayo pasado deben salir del país. Las negociaciones son más complejas con Petrobras y Repsol, que son las empresas que tienen mayores inversiones en Bolivia. Hasta último momento Petrobras, principal inversor del país y también responsable de exportar a Brasil 26 millones de metros cúbicos de gas al día, volumen con que abastece la mitad de su demanda interna, ha mantenido en vilo al país en medio de temores de su posible retiro del negocio. Un buen acuerdo significaría un negocio de 2.000 millones de dólares al año para Bolivia, es decir 23% de su Producto Interno Bruto (PIB), según García Linera. Bolivia dispone, según cifras oficiales, reservas probadas y probables de 1,55 billones (millones de millones) de m3, la segunda más importante de la región, después de Venezuela. El acuerdo que será pactado significa la consolidación del decreto por el que desde el 1 de mayo las empresas petroleras "están obligadas a entregar en propiedad a YPFB toda la producción de hidrocarburos". Además, YPFB asume el ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización. La reversión de los recursos gasíferos a manos del Estado clausura una década del proceso de privatización que redujo a YPFB a un estado residual y entregó los hidrocarburos a las trasnacionales, durante el primer gobierno del liberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97). El gobernante fue obligado a dimitir a su segundo mandato en octubre de 2003, a un año de haber asumido, por una rebelión popular (opuesta a su política de hidrocarburos) que se saldó con 60 muertos y más de 400 heridos.