Una alta ejecutiva se funde más de un millón de euros de su empresa por su adicción al juego en la Red

Una directiva adicta a los casinos de Internet ha ocasionado a Mercasantander un agujero de un millón de euros, al aprovechar los poderes que poseía para pagar sus deudas de juego con cargo a la VISA de la entidad, y verse arrastrada a cometer una apropiación de fondos cada vez mayor para tapar la anterior.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander (en España) ha ordenado el ingreso en prisión eludible fajo fianza de 60.000 euros de Paloma G-T.M. como imputada en delitos de robo, estafa y falsedad en documento mercantil, después de que ella misma reconociera en su declaración las acusaciones a las que se enfrenta.

Paloma GT.M., que trabajaba en Mercasantander desde el año 1991, se valió de la confianza que la dirección había depositado en ella para cargar a la entidad sus deudas de juego, llegando a falsificar acuerdos del consejo de administración en los que se autorizaban determinadas operaciones de crédito, imitando la firma del alcalde de Santander en aquellas fechas.

El desfalco contra esta sociedad pública -propiedad en un 51 por ciento del Ayuntamiento de Santander y en un 49 por ciento de la empresa nacional Mercasa- fue descubierto este verano por su director gerente, Juan José Fernández, que puso lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía.

El juez cifra el agujero creado por Paloma G-T.M. en 1.076.111 euros: 240.355 euros en dividendos que se deberían haber pagado al Ayuntamiento de Santander, 115.000 euros por gastos financieros y de auditoría, 300.000 del importe dispuesto a través de un crédito con el banco BBVA y 420.756 euros adeudados a Mercasantander.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha dado un plazo de 24 horas para que Paloma G-T.M. y su marido depositen una fianza de 1.333.000 euros, con el fin de afrontar las responsabilidades civiles de la causa. Si ni la imputada ni su esposo prestan esa fianza en el plazo acordado, el juez ordenará los embargos de bienes oportunos para proteger los intereses de las entidades perjudicadas, principalmente Mercasantander, pero también el Ayuntamiento de la capital cántabra.