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19.12.06

Mercado vs. Estado, la defensa de los consumidores

Cuando un gobierno latinoamericano proclama que va a aplicar medidas para "defender" a los consumidores, hay que echarse a temblar. Porque la experiencia histórica demuestra que ése es el primer paso para que los precios se disparen y comience el desabastecimiento crónico de los productos "vigilados". Y si las autoridades persisten en su papel de "guardianes" económicos de la sociedad surgirán los mercados negros, con lo cual no se pervierte tan sólo la estructura económica sino, fundamentalmente, la moral de la comunidad.
Es un lugar común afirmar que cuando se habla de corrupción es tan culpable el funcionario que recibe el dinero como el personaje "corruptor" que lo compra. Esa idea diseminada desde las esferas del poder político es simplemente falaz. Porque únicamente el Estado puede hacer posible que haya corrupción. En un mercado libre, sin interferencias legales arbitrarias, no hay espacio para que esa peste surja. Simplemente porque cuando la cooperación entre las personas es voluntaria, el funcionario no tiene ningún "papel" que jugar en esas transacciones. El cohecho sólo es posible cuando necesitamos autorizaciones oficiales para poder ganarnos honradamente la vida. La corrupción es el síntoma más visible de la dictadura económica.
Las únicas defensas al consumidor que en la práctica dan resultados beneficiosos para la sociedad en su conjunto son la autonomía y la igualdad. Libertad para poder entrar o salir de los mercados con facilidad; igualdad total frente a la ley que imposibilite cualquier tipo de privilegios. Como dirían los ingleses, fair play entre todos los competidores.
A los gobiernos les encanta fingir que dedican grandes esfuerzos para proteger a los consumidores de los perversos empresarios que siempre están tratando de esquilmarlos. Sin embargo, el único que provoca las condiciones para que eso suceda es el propio Estado a través de imposiciones legales. Los monopolios, oligopolios y cualquier otro mecanismo por medio del cual se cobra por un bien o servicio más de lo que ese mismo bien o servicio cuesta en los mercados internacionales son fruto de prerrogativas. Es decir, algún político con el suficiente poder decide quiénes han de enriquecerse a costa del resto de la población y, también, quiénes estarán condenados a vivir en la mediocridad. Y eso sin mencionar que el mayor explotador en forma directa de los ciudadanos es el propio Estado, a través de sus empresas públicas monopólicas y la insoportable carga fiscal.
Es increíble las mil formas que utilizan los gobiernos para mantener en la pobreza a sus conciudadanos. Cualquier persona cuando va a comprar algo compara la relación calidad-precio. Y, obviamente, se inclina por lo que considera más ventajoso. Lo que pocos se dan cuenta es hasta qué extremos llegan las autoridades para favorecer sus propios intereses políticos en desmedro del dinero de los consumidores. La mayoría de la gente cree que realmente es "libre de elegir" cuando hace una opción económica. Pero pocos son los que se preguntan ¿qué porcentaje de este precio corresponde a impuestos y por eso es tan increíblemente caro? ¿Me inclino por los productos nacionales porque los aranceles vuelven prohibitivos a los importados?
Es claro entonces que nuestra "autonomía económica" es una parodia. La triste situación es que la "mano invisible" que guía nuestras opciones vitales es la del Estado. En realidad son los políticos quienes escogen por nosotros: deciden qué tipo de educación hemos de darle a nuestros hijos, qué médicos nos curarán y hasta la procedencia de los alimentos que vamos a consumir.
En estos días, en gran parte de América Latina muchos gobiernos están aplicando ostentosamente medidas para "vigilar" y "supervisar" las ganancias empresariales. Recordemos que en el pasado hubo penosas experiencias en la región por el control de precios. Sus consecuencias no fueron tan sólo las hiperinflaciones, desabastecimiento y los mercados negros, sino también el surgimiento de funestas dictaduras.

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