Bruselas denuncia a España con razón

La Comisión Europea decidió hoy miércoles denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el decreto de febrero de 2006 que facultó a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) del país para imponer condiciones a la alemana E.ON para adquirir Endesa, empresa española. El Ejecutivo comunitario considera que este decreto representa una "restricción injustificada" de los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento y por ello vulnera la normativa comunitaria.

Bruselas ve "insatisfactorios" los argumentos presentados por el Gobierno español en defensa del decreto, sobre todo si se tiene en cuenta la propia jurisprudencia del Tribunal. Bruselas cree que el procedimiento de autorización previa que contempla esta norma para determinadas operaciones de adquisición "excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales, y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros, lo cual va en contra de la libertad de circulación de capitales y del derecho de establecimiento".

La Comisión añade que la salvaguarda del interés público que alegó el Gobierno español podría haberse logrado "con medidas alternativas menos restrictivas". Además, la legislación secundaria europea "cubre claramente las preocupaciones de España a este respecto".

La ley española en cuestión es el Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la CNE. En virtud de esta disposición, ha de aplicarse un procedimiento de autorización a la adquisición de participaciones en un porcentaje superior al 10% del capital social (o cualquier otro que conceda influencia significativa) en empresas que realicen, directa o indirectamente, actividades reguladas o actividades sujetas a una intervención administrativa, así como a la adquisición directa de los activos precisos para desarrollar las actividades citadas. El decreto incluye las causas por las que la CNE podrá autorizar o denegar estas adquisiciones: la existencia de riesgos en relación con las actividades mencionadas, la incapacidad de realizarlas como consecuencia de otras actividades desarrolladas por la entidad adquiriente o por la adquirida, la protección del interés general y cualquier otra causa de seguridad pública.

El Ejecutivo comunitario ya envió al Gobierno español en mayo de 2006 una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción, para pedirle explicaciones sobre el decreto. En septiembre del mismo año exigió formalmente que se retirara la norma o que se enmendara. Al no haber obtenido una respuesta satisfactoria de España, ahora envía el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. También podrían acabar pronto ante el Tribunal las condiciones que impuso el ministerio de Industria a la OPA de E.ON sobre Endesa el 3 de noviembre de 2006. Las autoridades españolas comunicaron el pasado 19 de enero a Bruselas que no tienen la intención de retirarlas porque las consideran imprescindibles para garantizar la seguridad de suministro. El Ejecutivo comunitario cree por el contrario que las medidas vulneran también el principio de libre circulación de capitales y de mercancías y el derecho de establecimiento y ha anunciado que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal de Luxemburgo para defender su punto de vista.

En definitiva, La Comisión Europea considera que el Gobierno de Zapatero impuso esas increíbles condiciones a la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa porque, en realidad, el gobierno español pretendía "regalar" Endesa a otra compañía, mucho más pequeña, en pago a cambio de apoyos políticos con sus socios de gobierno.